Gallardón ve 'intereses corporativos' en la protesta del mundo de la Justicia

[RoterTeufel]

JUSTICIA Abogados, jueces y fiscales contra el ministro
Gallardón ve 'intereses corporativos' en la protesta del mundo de la Justicia


El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha atribuido la oposición del sector judicial a sus reformas a "intereses corporativos" que difieren entre sí en sus peticiones, aunque no en su estrategia.

La respuesta llega después de que hoy 18 organizaciones de jueces, fiscales, abogados, funcionarios, ciudadanos y consumidores se han manifestado contra las reformas del ministro y le reclaman, entre otras cosas, que corrija iniciativas como la reciente ley de tasas o la reforma del estatuto judicial.

Gallardón ha señalado que los jueces "quieren las tasas", mientras que los abogados, que las rechazan, están a favor de eliminar a los jueces sustitutos, al contrario que los togados.

El ministro ha respondido en el foro Abc-Deloitte a las asociaciones de jueces y fiscales, que no le consideran "interlocutor": "A quien no quiera hablar conmigo, yo le digo que sí estoy dispuesto a hablar con él; mi puerta no está cerrada para nadie, el despacho del ministro está permanentemente abierto para ellos".

En cuanto a la amenaza de huelga de jueces y fiscales, Gallardón ha respondido: "Al margen de que tengan o no ese derecho, lo importante es si eso es lo más adecuado y lo más responsable".

"Les hemos quitado una paga extraordinaria, y otros en esa situación han hecho huelga. Pero un juez, además de funcionario, es titular de un poder del Estado y, por eso, más que derechos, tienen obligaciones", ha añadido Gallardón.

Respecto a la polémica sobre las nuevas tasas -acogidas con fuertes críticas de muchos sectores políticos y sociales-, el ministro ha desvelado que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) le pidió aumentar las tasas cuando tomó posesión como ministro. "Las tasas quienes las han pedido son los jueces".

En otro orden de cosas, el ministro se ha referido a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha defendido la "despolitización", tras advertir de que el 76% de los últimos nombramientos pertenecen a los jueces asociados.