Aguirre agita de nuevo el debate sobre el modelo autonómico
"Revisar en profundidad el Estado autonómico". En pleno reajuste económico derivado de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, las palabras de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, tras su encuentro con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dibujan un escenario inaplazable para unos e innecesario para otros.
"No ha servido para lo que se diseñó: para integrar a los partidos nacionalistas catalanes y vascos. En realidad ha complicado el funcionamiento de las otras 15 comunidades", ha señalado sobre la configuración del país la dirigente, quien también ha propuesto devolver las competencias en Educación, Sanidad y Justicia y que los ayuntamientos asuman las de transportes y servicios sociales para ahorrar 48.000 millones de euros.
Si bien Rajoy ha aprovechado su comparecencia en la Sesión de control en el Senado para dejar claro que 'ni se plantea' un debate sobre el modelo de Estado, un "sistema" del que se ha confesado "a favor" y que considera "consagrado" en la Constitución de 1978, desde distintas posiciones se ha criticado el planteamiento de la presidenta del PP madrileño.
El Gobierno "no es quién para recortar" en sanidad y educación, defiende Duran Lleida
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no ha puesto objeciones a que se inicie en España un proceso de recentralización de competencias, siempre y cuando afecte sólo a las autonomías creadas "artificialmente" y no a territorios como el País Vasco o Cataluña, con una secular "voluntad de autogobierno".
En la sesión de control al presidente de la Generalitat en el Parlament, Mas ha evitado darse por aludido y ha invitado a aquellas comunidades, creadas durante la Transición para completar el Estado de las Autonomías y que ahora quieran devolver competencias al Estado, a que lo hagan sin ningún complejo, siempre que se permita una descentralización asimétrica y se ponga fin así al llamado "café para todos".
Desde Cataluña también se ha cargado contra el anuncio de Moncloa de recortar 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación y la negativa, en paralelo, a estudiar fórmulas de copago. "Si lo han hecho por la presión de los mercados, le ha salido el tiro por la culata", ha asegurado el portavoz del Govern, Francesc Homs.
El representante del Ejecutivo regional ha querido incidir también en que la ejecución de las competencias de Salud y Educación corresponden a la Generalitat, aunque ha admitido que "por desgracia" el marco normativo lo establece el Gobierno. El portavoz ha interpretado el anuncio de los recortes en las dos áreas cómo la continuación de una apuesta por la "involución autonómica" practicada, a su juicio, por el PSOE y ahora continuada por el PP.
Por su parte, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha advertido al Gobierno de que "no es quién para recortar" en sanidad y educación, ya que ambas son "competencia única y exclusiva de las comunidades autónomas".
País Vasco "ni se da por aludido ni se siente comprometido" con el "nuevo tijeretazo"
Por eso, ha pedido a Rajoy que "deje en paz" a los gobiernos autonómicos, que gestionan "servicios básicos" del Estado del Bienestar y que son quienes "deben decidir si aplican ajustes en estas políticas, si quieren, si pueden, si les conviene o si no tienen más remedio".
Asimismo, el Gobierno del País Vasco ha anunciado que irá a los tribunales 'si se invaden' competencias transferidas. La consejera vasca de Educación, Isabel Celaá, ha calificado el recorte anunciado para las áreas de Educación y Sanidad de "nuevo tijeretazo" y ha dejado claro que el Gobierno de Vitoria "ni se da por aludido ni se siente comprometido" por éste.
Desde Andalucía el Gobierno en funciones ha rechazado la forma y el fondo en el que el Ejecutivo de Rajoy ha decidido recortar 10.000 millones en Sanidad y Educación.
"Estamos ante un Gobierno que ni habla ni escucha a nadie, y que debe abandonar el ordeno y mando y buscar el consenso con los agentes sociales, en el Congreso y con las comunidades autónomas", ha subrayado la consejera de la Presidencia, Mar Moreno.
Navarra y Canarias también han criticado el ajuste y, en especial el que fuera anunciado a través de una nota de prensa.
Un debate recurrente
La propuesta lanzadada por Aguirre al jefe del Ejecutivo ha abierto el debate sobre este asunto ante la evolución de la crisis, aunque no es nueva. Ya el verano pasado el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP) apuntaba en los cursos de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) la posibilidad de devolver Sanidad y Educación si no había más fondos para prestar estos servicios.
Desde el inicio de la crisis, en más de una ocasión se ha planteado un debate sobre la sostenibilidad, eficacia y coste de las comunidades autónomas. Así, el 14 de enero del año pasado el ex presidente del Gobierno José María Aznar señaló que el Estado tal y como está configurado en la actualidad no era políticamente viable y era "financieramente absolutamente inviable".
Fue el entonces jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien le respondió al señalar que el modelo estaba en "vigor" y tenía "vitalidad", aunque reconoció la necesidad de austeridad y eficiencia.
Aznar señaló en 2011 que el Estado configurado así era "financieramente absolutamente inviable"
Tras esta polémica, la mayoría de las comunidades autónomas rechazaron en general cualquier paso atrás en el modelo, aunque sí veían pertinente llevar a cabo ajustes.
La preocupación fue más explícita en las denominadas comunidades históricas. Así, el entonces presidente de CiU y hoy presidente de la Generalitat, Artur Mas, replicó que Cataluña se defendería de los "intentos armonizadores" y Andalucía dejó claro que se opondría a la pérdida de peso político de las autonomías.
En esas fechas, el País Vasco defendió el pleno desarrollo del Estatuto de Gernika y en septiembre de 2011 el lehendakari, Patxi López, arguyó que las comunidades debían establecer prioridades en su gestión para reducir el déficit y opinó que "lo que no pueden hacer ahora es tratar de devolver competencias".
Pero antes, el 27 de julio, el Consejo de Política Fiscal y Financiera fue escenario de esta polémica. Ya entonces Esperanza Aguirre defendió conformarse "con mantener las competencias de Sanidad, Educación, Transporte y Atención a la Dependencia y que cedería las demás", mientras que tanto Castilla y León como Extremadura desecharon devolverlas.
El ex portavoz del PP y hoy vicesecretario general de Estudios y Programas del partido, Esteban González Pons, planteó un mes más tarde la posibilidad de un pacto que permitiera al Estado recuperar competencias.
También el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, entró en el debate y abogó por un "gran acuerdo nacional" sobre las competencias y recursos que necesitan las autonomías para, en último término, evitar retrotraerlas al Estado central.
Desde la Generalitat valenciana, su presidente, Alberto Fabra, consideró necesario "revisar todo el panorama competencial" español. "O nos dan dinero para hacer adecuadamente nuestras competencias o tenemos que revisar el mapa competencial", remarcó.
De forma similar volvieron a pronunciarse Esperanza Aguirre y el entonces líder del PP canario y hoy ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
Mientras, la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, expuso en diciembre pasado que no era partidaria de devolver competencias, en tanto que el jefe del Ejecutivo de Baleares, José Ramón Bauzá, apostó por definir bien la gestión de competencias.