Catorce jueces del Supremo decidirán este miércoles si encausan a Dívar

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Catorce jueces del Supremo decidirán este miércoles si encausan a Dívar

La Sala de Admisiones del Tribunal Supremo ha elevado al Pleno de la Sala de lo Penal la decisión de admitir o no a trámite la querella presentada por la asociación de juristas Preeminencia del Derecho contra el presidente de este órgano y del Consejo General el Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, relacionada con los gastos de la veintena de viajes que realizó a Marbella (Málaga) desde que tomó posesión del cargo.

El Pleno se reunirá el próximo miércoles a las 11.00 horas para abordar este asunto.

El tribunal de admisiones ha tomado esta decisión tras deliberar esta mañana sobre la querella relacionada con los gastos de la veintena de viajes de Dívar a Marbella.

El Pleno de la Sala de lo Penal que se reunirá pasado mañana está integrada por 15 magistrados, aunque la decisión sobre este asunto la adoptarán tan sólo 14, según fuentes del alto tribunal. Se queda fuera Francisco Monterde para sortear una eventual 'contaminación' de todo el tribunal en el caso de que la querella fuera admitida a trámite y hubiera que buscar un instructor imparcial.
Oposición de la Fiscalía

Los magistrados han tenido sobre la mesa el informe dado a conocer el pasado viernes por el que la Fiscalía del Tribunal Supremo se opone la admisión de la querella interpuesta.

El Ministerio Público no ve delito porque pagó parte de sus viajes y la normativa no le obligaba a justificarlos. Llega a afirmar que Dívar fue acomodándose "caso por caso, viaje por viaje, a las exigencias derivadas de las funciones que le correspondía desempeñar".
Denuncia archivada

Preeminencia del Derecho presentó primero una denuncia, que fue archivada, y posteriormente la transformó en querella por no considerar suficientemente justificados los gastos por casi 13.000 euros que Dívar cargó al órgano de gobierno de los jueces en relación con estos viajes, realizados entre septiembre de 2008 y principios de este año.

A juicio de la asociación, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón, el presidente del órgano de gobierno de los jueces podría haber incurrido en delito de estafa o apropiación indebida, o en su defecto malversación de caudales públicos, penadas con cárcel e inhabilitación.

"La conducta del máximo representante del Poder Judicial del Estado es propia de los ambientes del Lazarillo de Tormes o la Pícara Justicia, es decir, y en suma, es un acto de picaresca inconciliable con las obligaciones contraídas y con la ética exigible a este alto cargo público, el más representativo del Poder Judicial", señalaba el escrito.