CCOO denuncia ante el Defensor del Pueblo las medidas de ahorro de Wert

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CCOO denuncia ante el Defensor del Pueblo las medidas de ahorro de Wert

La Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) ha anunciado que mañana presentará una denuncia al Defensor del Pueblo argumentando una supuesta inconstitucionalidad del Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en educación aprobado recientemente por el Gobierno. En su escrito, CCOO insta al Defensor del Pueblo a que presente recurso de inconstitucionalidad contra la norma en el Tribunal Constitucional.

Según explicó Carmen Perona, responsable del gabinete jurídico de FECCOO, el decreto-ley es "inconstitucional" porque regula un derecho fundamental, la educación, que requiere leyes orgánicas que se aprueben por mayoría absoluta parlamentaria. Los artículos de la Constitución que el real decreto conculcaría son seis: 86.1, 81, 27.3, 37.1, 28.1 y 9.3.

El 86.1 regula que la legislación mediante decreto es para casos "de extraordinaria y urgente necesidad" y, aunque el real decreto del Gobierno se llama "de medidas urgentes", en el texto alude a "medidas de carácter estructural", lo que según FECCOO, requiere otro tipo de regulación, mediante ley orgánica. Por el contrario, "se imponen de manera arbitraria en un real decreto", manifestó la abogada del sindicato.

Esto va relacionado con el artículo 81, que señala que una ley orgánica sólo se puede modificar mediante ley orgánica. El real decreto del Gobierno modifica la Ley Orgánica de Educación, en tanto que amplía la ratio máxima de alumnos por clase que establece dicha normativa.

Según la denuncia de FECCOO, el decreto también modifica la Ley Orgánica de Universidades y viola la autonomía universitaria que reconoce la propia Constitución.

La fijación de las tasas de matriculación universitaria, la ampliación de la jornada lectiva del profesorado que no demuestre que también investiga y, por tanto -según CCOO-, "la restricción del derecho a un complemento retributivo" por limitar el tiempo de investigación, además, invaden las competencias de las Comunidades Autónomas, ya que a ellas les corresponde regular estos aspectos.

Asimismo, según explicó Carmen Perona, el Gobierno ha vulnerado la negociación colectiva al no negociar con los sindicatos -"ni siquiera se nos informó previamente"- asuntos esencialmente laborales como lo es la jornada del profesorado (también del no universitario) y su retribución. El Real Decreto de racionalización del gasto educativo fija que los docentes de Primaria y Secundaria deben dar un mínimo de 20 horas de clase semanales.

Por último, según FECCOO, el decreto "vulnera el principio de seguridad jurídica porque el legislador tiene que legislar en virtud de su competencia y, en este caso, el Gobierno se atribuye competencias del Parlamento".
Recursos individuales

La abogada explicó, asimismo, que los sindicatos no están facultados para presentar un recurso de inconstitucionalidad, por lo que se recurre a la vía del Defensor del Pueblo, que tiene tres meses para decidir si lo presenta. Por otro lado, la Federación de Enseñanza de CCOO ha llamado a todos los profesores que vean ampliada su jornada lectiva en cumplimiento del Real Decreto a interponer una cuestión de inconstitucionalidad ante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo.

Por su parte, el secretario general de Enseñanza de CCOO, José Campos, calificó las medidas de recorte del gasto público en educación como una "reconversión sin precedentes" de la enseñanza en la democracia.
Recorte del 25% del gasto por alumno

Con todo, el sindicato calcula que la inversión pública en educación podría bajar al 4,35% este año, cuando era del 5,02% en 2009, a la vista de los datos de comparaciones internacionales.

Según el gabinete de estudios del sindicato, el "retroceso" a niveles similares a los de 2006 (último año que estuvo en vigor la LOGSE) se debe a que los presupuestos autonómicos en educación se han reducido en "4.500 millones de euros" entre 2010 y 2012, informa Efe.

A esto se añade el "recorte" previsto en las cuentas del Ministerio de Educación de este año y los 3.000 millones de euros adicionales que el Gobierno central prevé que las comunidades podrán ahorrar el curso próximo con las medidas del decreto-ley, lo que vendría a suponer entre 7.500 y 8.000 millones de euros menos en total.

En términos de gasto por alumno, esto supondría una reducción de entre el 25% y el 30%, señaló en la rueda de prensa el responsable del gabinete de estudios de Enseñanza de CCOO, Juan Martínez.

Esta cifra, según dijo el martes el ministro de Educación, sería falsa. "Sólo se baja un 14%", sostuvo José Ignacio Wert en el Senado.

Además, el sindicato insistió en la pérdida de 100.000 docentes en la enseñanza que suele denostar Wert. Según especificó Martínez, el aumento en un 20% del máximo de alumnos por aula en las enseñanzas básicas supondrá 45.000 interinos menos; e incrementar un 10% la jornada lectiva en la Secundaria significará prescindir de otros 55.000.

"Son hipótesis, pero si el ministro de Educación tiene otras, que nos las digan", concluyó Martínez.