JUSTICIA Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Condena a España por no investigar las torturas denunciadas por Otamendi
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a pagar 24.000 euros al ex director del diario vasco 'Egunkaria' Martxelo Otamendi por no haber investigado de forma efectiva las presuntas torturas que sufrió durante su detención en el año 2003 a manos de la Guardia Civil.
La Sección Tercera del TEDH ha concluido que España vulneró en este caso el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que proclama el derecho a no sufrir un trato degradante o inhumano, según se recoge en la sentencia hecha pública por el tribunal con sede en Estrasburgo (Francia).
La sentencia no es firme y podrá ser recurrida en un plazo de seis meses, según informan fuentes de la Corte.
El periodista fue arrestado el 20 de febrero de 2003 en su casa de Tolosa (Guipúzcoa) por orden de la Audiencia Nacional y permaneció cinco días en régimen de detención incomunicada.
El demandante denunció tras su puesta en libertad haber sufrido durante ese periodo de retención un trato vejatorio, con "golpes intimidatorios en los genitales", y ser torturado utilizando una bolsa para provocar sensación de asfixia y obligado a desnudarse y adoptar una postura sexual.
El fallo dado a conocer hoy señala que la Audiencia Nacional permaneció "pasiva" ante las denuncias del demandante y considera que las investigaciones del juez de instrucción número 5 de Madrid "no fueron lo suficientemente profundas y efectivas".
Otamendi, defendido por los abogados Didier Rouget e Iñigo Iruin, presentó después su denuncia en Estrasburgo en 2008, una vez que el Tribunal Constitucional rechazara su demanda de amparo. La sentencia, aprobada por unanimidad, obliga al Estado a indemnizar a Otamendi con 20.000 euros por daños morales y 4.000 por gastos judiciales
La Audiencia Nacional decidió en abril de 2010 absolver a Otamendi y otros cuatro directivos de 'Egunkaria', que habían sido acusados de integración en organización terrorista y para los que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia pedían penas de 14 años de cárcel.
En la citada sentencia, la Audiencia Nacional señalaba que "no hubo un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de incomunicación" a las que se sometió a Otamendi.
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