Santamaría condena el escrache en su vivienda: 'Es el terreno de mi familia'

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POLÍTICA Fue hace una semana
Santamaría condena el escrache en su vivienda: 'Es el terreno de mi familia'

Soraya Sáenz de Santamaría ha condenado el escrache que tuvo lugar hace justo una semana en su vivienda organizado por las plataformas antidesahucio. "Mi casa es otro terreno, es el de mi vida personal y, sobre todo, el de mi familia", ha sentenciado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno.

Preguntada por las protestas de los activistas antidesahucios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la 'número dos' del Gobierno criticó el escenario de la manifestación. Ha dicho respetar que se le hagan preguntas e incluso críticas a su trabajo como ministra en la sala de ruedas de prensa de La Moncloa o en el Congreso de los Diputados porque "estamos para eso" pero ha criticado que se haga ante su domicilio.

Sáenz de Santamaría ha indicado que está "a disposición" de la prensa para atender "cuanto deseen preguntar" tanto en La Moncloa como en el Congreso de los Diputados pero ha recalcado que su casa es "otro terreno". En particular, dijo, "el de mi vida personal y, sobre todo, el de mi familia".
IU: 'No son 300 metros, son 300 euros'

Por su parte, el portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha pedido la comparecencia en sede parlamentaria del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que de explicaciones sobre las medidas de seguridad a tomar contra los escraches y por las sanciones impuestas a sus participantes, al menos en la Comunidad de Madrid, ya que, según el portavoz, estas actuaciones limitan el derecho de manifestación.

Llamazares ha reaccionado de este modo tras conocer la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid, departamento que dirige Cristina Cifuentes, de multar a 18 de los participantes en el acto de protesta convocado frente al domicilio de Sáenz de Santamaría.

El diputado de Izquierda Unida (IU) por Asturias ha insistido a través de Twitter en la necesidad de que Fernández Díaz comparezca en la Cámara Baja. Llamazares considera que se están utilizando los perímetros de seguridad y las sanciones "como criminalización de derechos".

"No son 300 metros. La consigna de Ministerio del Interior son, al menos, 300 euros para impedir el derecho de manifestación", sostiene Llamazares frente a la propuesta de la delegada Cifuentes de imponer multas de 1.500 euros para las faltas graves, y sanciones que oscilarán entre los 200 y 250 euros para los casos leves.