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..:: Deficiente-Forum - Internacional ::.. => Español => Noticias Internacionais => Noticias => Tópico iniciado por: RoterTeufel em 25/01/2013, 17:47
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CORRUPCIÓN Tras el escándalo del 'caso Bárcenas'
El Gobierno elude aclarar si endurecerá las penas a políticos corruptos
No ha habido forma de que la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, precisase si el Gobierno va a proponer que las penas de prisión para los políticos corruptos se vean incrementadas de un modo ejemplarizante y de forma exponencial respecto a las leyes que les conciernen hasta el momento.
Lo más que ha llegado es a decir es que "si tenemos que fortalecer la ley, ser más ágiles y más efectivos" al respecto, "el Gobierno lo va a impulsar" en las reuniones que está manteniendo con el resto de los responsables de los partidos políticos.
El Ejecutivo parte de la base de que la corrupción no es un mal endémico en España sino que se circunscribe a casos individuales que hay que "erradicar", revisando las leyes pero impidiendo que "paguen justos por pecadores".
Sáenz de Santamaría tampoco ha querido bajar a la concreción para referirse a las palabras de un compañero de su partido, Jaime Mayor Oreja, cuando ha advertido que el daño hecho por el 'caso Bárcenas' es de difícil restitución, pero sí ha respondido a las suspicacias europeas respecto a las noticias de las últimas semanas insistiendo en la base de su argumentario. "Estos casos afectan a la visión de un país y ocultan la realidad de un Estado moderno que funciona, que ha generado mucho bienestar y que funciona en los parámetros del conjunto de los países de nuestro entorno", ha dicho asegurando que "hay que depurar las responsabilidades con todas las consecuencias".
La 'número dos' del Gobierno ha descartado que la Casa del Rey se vaya a someter a la futura Ley de Transparencia, pero ha dejado la puerta abierta a que puedan hacerlo los partidos políticos siempre que haya un acuerdo previo entre ellos.
Desafío independentista
La vicepresidenta ha sido preguntada también por el desafío catalán sobre el que ha insistido en que el Gobierno está a la espera del informe de la Abogacía del Estado para adoptar las medidas que considere pertinentes en un asunto de "relevancia". Como única consideración política al margen de la estrategia legal ha recordado al Gobierno catalán que la proclamación realizada esta semana ni siquiera ha alcanzado "el respaldo de dos tercios requerido por una modificación del Estatut, que no se ajusta a las normas que nos hemos dado, añade incertidumbre y no entra en el marco europeo".