El Gobierno a los manifestantes: “La Constitución fija cómo cambiarla”

[RoterTeufel]

El Gobierno a los manifestantes: “La Constitución fija cómo cambiarla”
 
 El Gobierno mantiene su postura ante el reto soberanista catalán tras la manifestación multitudinaria de la Diada en Barcelona. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lanzó dos tipos de mensajes de respuesta; uno a los gobernantes catalanes y otro a los ciudadanos que salieron a la calle. Santamaría reiteró al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que debe cumplir la ley. “El Gobierno está sujeto a la Constitución y las leyes. En este momento y en el futuro, en España y en Cataluña”, dijo durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
 
 La vicepresidenta, que recibió varias preguntas sobre este asunto, que monopolizó la rueda de prensa, contestó directamente a esos miles de manifestantes apelando a la Constitución. “El Gobierno respeta el derecho de todas las personas que se manifiestan pacíficamente, un derecho que está recogido en la Constitución. Pero esa misma Constitución que ampara ese derecho establece los procedimientos por los que los gobernantes pueden cambiar nuestro sistema constitucional. El Gobierno no puede cambiar su posición porque es la Constitución la que establece el procedimiento para los cambios que la Generalitat reclama”, sostuvo.
 
 Esto es, el Ejecutivo señala que por muchas manifestaciones que haya, el camino sigue siendo el mismo: si el Parlament quiere un cambio constitucional para poder hacer un referéndum que el Ejecutivo ve inconstitucional, debe plantear una propuesta de reforma constitucional en las Cortes que sin duda sería rechazada por el PP, con lo que, de momento, no hay salida. Mariano Rajoy ha retado varias veces a CiU y ERC a llevar al Congreso una reforma constitucional si quieren hacer las cosas por la vía legal, pero los independentistas saben que esa vía no tiene posibilidades de éxito y de momento no la han utilizado. Lo que sí han hecho es pedir al Congreso que les entregue las competencias para realizar ese referéndum. Esa iniciativa, debatida en abril, fue rechazada por los votos de PP y PSOE, lo que mostró que ese camino no es viable
 
 La número dos del Ejecutivo confirmó que el Gobierno impugnará al Tribunal Constitucional la Ley de Consultas cuando el Parlamento catalán la apruebe: “Lo hacemos porque entendemos que esa ley tiene un vicio de constitucionalidad”, explicó.
 
 El Ejecutivo ya trabaja en los textos y en los plazos, con la posibilidad de que coincida con un viaje a China del presidente del Gobierno, con lo que no se descarta un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar de forma rápida esos recursos. La fecha más probable para la entrada en vigor de la ley de consultas y la convocatoria del referéndum es el 18 de septiembre, viernes. El Consejo de Ministros se reúne ese día, por lo que habría que esperar hasta la siguiente semana para aprobar el recurso. Y ese día, el viernes 25, Rajoy estará en China. Por eso es probable que el Gobierno realice un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar esos recursos y parar cuanto antes la consulta. A partir de ahí, el Ejecutivo sigue convencido de que Mas acatará y no sacará las urnas a la calle en contra de una resolución del Constitucional. “Espero que así sea”, dijo la vicepresidenta.
 
 Santamaría recordó que la suspensión de la ley es automática con la impugnación, y reivindicó una Constitución que ha permitido que España tenga “una de las mayores cotas de descentralización de los Estados de nuestro entorno”.
 
 Desde Cataluña, Artur Mas planteó la situación de una manera muy diferente aunque se movió en la ambigüedad en el asunto clave, el de la posibilidad de sacar las urnas en contra del Constitucional. “Votaremos seguro; otra cosa serán las condiciones que no dependen solo de nosotros”, aseguró en una entrevista en RAC1.
 
 El líder de CiU insistió en la importancia de legitimar la consulta en el exterior y reclamó garantías democráticas como, por ejemplo, “que participen los del sí y los del no”. Esto último sería inviable con una consulta ilegal que los partidos no independentistas no reconocen.
 
 “Si no hacemos bien la consulta, será como un bumerán que caerá sobre nosotros”, alertó. El presidente catalán quiso subrayar dos cosas: tras las reiteradas exigencias de ERC y la Asamblea Nacional Catalana, que convocó la marcha de la Diada, Mas dice que es también su gobierno quien quiere sacar las urnas el próximo 9 de noviembre y que lo importante ahora son las garantías democráticas de la votación: “Quiero poner las urnas el 9-N de forma que se entienda el resultado en todos los lugares. Ahora tenemos pregunta y fecha. Nos falta la respuesta. Tenemos que ser capaces de tener una respuesta y que no se pueda poner en duda el resultado. Esto es responsabilidad de todos los implicados. ¿De qué serviría haber hecho todo esto si después la respuesta no es válida o aceptada?”.
 
 La impugnación de la ley de consultas implica la inmediata suspensión
 
 Los organizadores de la V de la Diada optan por la desobediencia civil, que también defiende Esquerra. Mas no quiso entrar en esa cuestión. “Urnas no lo dice ERC, lo decimos todos. El primer interesado en que estén las urnas el 9-N soy yo. El Estado puede decir que no, pero no puede evitarlo todo. Este reto se resolverá votando, tenemos los mecanismos”, explicó. En el caso de que “las condiciones de la convocatoria de la consulta quedasen alteradas por la actuación de otros”, Mas reiteró que consensuará qué respuesta hay que dar con todos los partidos que apoyan la consulta: CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP.
 
 Mientras, desde Extremadura, el presidente de esta comunidad, José Antonio Monago (PP), rechazó una hipotética reforma de la financiación autonómica que supusiera más recursos para Cataluña. “Si Cataluña tiene un problema de financiación, que se vayan a Andorra y reintegren el dinero” dijo en alusión a la fortuna de Jordi Pujol en el extranjero.