Becerril pide al Gobierno que 'penalice' grandes proyectos que despilfarran

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Becerril pide al Gobierno que 'penalice' grandes proyectos que despilfarran

La nueva defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Gobierno que 'penalice' también a las Administraciones que inician grandes proyectos sin haber evaluado su rentabilidad social o la viabilidad de su financiación durante varios años.

En su primera rueda de prensa y poco antes de ser recibida por el Rey en el palacio de La Zarzuela, Becerril ha celebrado que "la tipificación en el Código Penal del despilfarro" que aprobó el Gobierno el viernes pasado recogiera parte de las recomendaciones que hizo su predecesora, María Luisa Cava de Llano.

No obstante, Becerril ha querido ir más allá de lo que se recoge en la nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno: "Me voy a permitir hacer una nueva recomendación al Gobierno, por si no hubieran quedado claros todos los aspectos que debe recoger esta ley: no es sólo que la Administración deba disponer de dinero para iniciar proyectos y que no pueda ocultar facturas, sino que también pueda ser penalizado el inicio de grandes proyectos sin dotación presupuestaria para varias anualidades hasta su finalización o sin hacer una cuantificación de la rentabilidad social de su uso».

La defensora del Pueblo ha puesto "un polideportivo" como ejemplo de estos proyectos susceptibles de ser castigados penalmente, ya que, ha argumentado, "es menos costoso llevar a los deportistas en autobús" que construir esta instalación.

En este sentido, cada vez que se emprenda una nueva obra, sus responsables deberán preguntarse: "¿Cómo va a mantenerse?" y "¿Qué uso social se prevé?".
Recortes en la institución

En esta misma línea de austeridad, la que fuera alcaldesa de Sevilla, ministra de Cultura y vicepresidenta tercera del Congreso ha anunciado que la institución que actualmente preside se apretará el cinturón próximamente.

Becerril empezará por bajarse el sueldo un 7,14%, según los mismos términos que se han establecido en el Congreso y en el Senado. Actualmente cobra 115.000 euros anuales.

También suprimirá el área de protocolo y reducirá de seis a tres los vehículos oficiales. No se cubrirán plazas por jubilaciones y se reducirán viajes, foros y encuentros a la mínima expresión. Las dietas serán sustituidas por facturas y los estudios que antes se encargaban fuera se realizarán ahora dentro del organismo.

Con todos estos recortes, el Defensor del Pueblo reducirá en un 2% sus 14 millones de presupuesto anual. "Son medidas simbólicas", ha admitido Becerril, "porque el presupuesto no es muy grande, comparado con otras instituciones, pero no descarto en el futuro hacer otras reducciones".
Atención a inmigrantes y copago farmacéutico

Por otro lado, y también en este entorno de ajustes, el Defensor del Pueblo pedirá al Gobierno que preste atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular y dispense fármacos a personas que "se encuentren en tratamiento prolongado que no pueda ser suspendido".

También reclamará que facilite transporte gratuito a quienes no puedan pagarlo y tengan que ir con periodicidad a recibir su tratamiento.

Son recomendaciones que la predecesora de Becerril realizó el pasado 20 de julio con motivo de la solicitud de IU de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto de medidas sanitarias.

La nueva defensora ha anunciado que no recurrirán estas medidas ante el Tribunal Constitucional pero sí pedirá al Ejecutivo que cambie el grueso de ellas.
Muchas quejas sobre economía y hacienda

Las quejas relacionadas con la sanidad son, de hecho, las terceras más voluminosas de su balance del año pasado, por detrás de las económicas y las de seguridad y justicia.

Este año, sin embargo, se llevan la palma las que tienen que ver con la economía y la hacienda. Entre enero y junio se han recibido 5.500, prácticamente las mismas que formularon los ciudadanos en todo 2011. La mayoría tienen que ver con información sobre prestaciones por desempleo o reclamaciones a ayuntamientos de deudas municipales.

Respecto a la duplicidad que se está produciendo con otros defensores del pueblo autónómicos, Becerril ha dicho que no es un asunto de su competencia, sino de las comunidades autónomas. Sin embargo, ha añadido: "Esta casa es una casa para todos los españoles; aquí puede dirigirse cualquier ciudadano, viva donde viva".