El juez pregunta a los registros si la Infanta vendió las fincas que dice Hacien

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Caso Nóos'
El juez pregunta a los registros si la Infanta vendió las fincas que dice Hacienda

El juez José Castro ha pedido los registros de la propiedad de Almagro (Ciudad Real), Alicante, Arenys de Mar (Barcelona) y Pilar de la Horadada (Alicante) para aclarar si la Infanta Cristina, tal y como asegura la Agencia Tributaria en un informe, vendió 13 fincas por valor de 1,4 millones de euros.

La decisión del titular del juzgado número 3 de Palma ha sido adoptada después del desmentido efectuado tanto por Doña Cristina como por los supuestos compradores de dichos inmuebles. Todos ellos aseguran que la hija del Rey no intervino en ninguna operación de venta de inmuebles o fincas.

Castro intenta aclarar con este auto si los datos remitidos por la Agencia Tributaria a su juzgado se tratan de un error o ha podido ocurrir alguna otra circunstancia.

El informe de la Agencia Tributaria entregado al juez Castro indica que la infanta Cristina vendió entre 2005 y 2006 diversas propiedades inmobiliarias en España que le reportaron unos ingresos de 1,43 millones de euros.
Cuatro hipótesis para un enigma

El misterio de las propiedades fantasma de la Infanta Cristina plantea cuatro posibles hipótesis que van desde un simple error a una artimaña para camuflar parte de sus ingresos. La Agencia Tributaria reitera que la información que obra en su base de datos es la que ha trasladado íntegramente al juez Castro y descarta equivocación alguna por su parte.

"En Hacienda no hay margen de error. Las búsquedas en la base de datos se realizan mediante el DNI y lo que aparece es todo lo que hay. No hay posibilidad de alterar los datos desde la propia Agencia Tributaria", aseguran a EL MUNDO fuentes del Fisco. Sin embargo, Cristina de Borbón se apresuró a desmentir tajantemente que hubiera intervenido en dichas operaciones.

A la posibilidad de que Hacienda se hubiera equivocado al realizar su búsqueda se suma la alternativa que los propios investigadores estiman más "razonable". Los responsables de las pesquisas judiciales barajan la posibilidad de que haya mediado un error en la transmisión de los datos desde las notarías y registros a Hacienda. "Tiene todo el aspecto de haber sido un error de terceros", precisan las mismas fuentes. "La Agencia Tributaria recibe la información y la incorpora a su archivo sin verificarla".

Los dos escenarios descritos son los que cobran en este momento mayor fuerza. No obstante, no se puede descartar por completo que haya sido un error voluntario. En este sentido, cabría la compleja alternativa de que los datos hubieran sido alterados intencionadamente para restar credibilidad a la investigación y que se tratara de una intoxicación premeditada. Hay quien habla, incluso, del CNI. Pero dicha alternativa sólo podría haberse llevado a cabo con la complicidad de algunos de los funcionarios encargados de confeccionar y enviar el informe patrimonial al juez.

A todas estas hipótesis hay que añadir –siempre que se parta de la base de que los propietarios de los inmuebles no mienten cuando aseguran que no conocen de nada a la Infanta Cristina– la de que se trate de una artimaña para encubrir ingresos supuestamente ilícitos por parte de la mujer de Iñaki Urdangarin. Es decir, usar como coartada estas transmisiones para dar cobertura a unos ingresos que, de otra forma, serían imposibles de justificar. A falta de que se aclare en los próximos días el entuerto, esta opción se sitúa entre las más remotas.