Juncker asume responsabilidades por el escándalo fiscal de Luxemburgo Grandes remedios. El presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, ha anunciado hoy que Bruselas prepara una auténtica revolución para acabar con el fraude fiscal, la evasión de impuestos y las prácticas depredadoras de los paraísos fiscales que hay en la propia UE. Juncker contraataca así para salvar el escándalo fiscal que le ha salpicado en los últimos días: como primer ministro luxemburgués llegó a acuerdos con más de 300 multinacionales que se llevaban su sede en el Gran Ducado para ahorrarse miles de millones de euros en impuestos por los beneficios cosechados en el resto del mundo. La Comisión propondrá a los Estados miembros la armonización de las bases fiscales del impuesto de sociedades, para evitar la competencia fiscal desleal de algunos países. Y un intercambio automático de información con el resto de los socios tan pronto un país firme con una empresa un acuerdo fiscal, para evitar que las empresas acaben eludiendo el pago de impuestos. Juncker ha asegurado que asume "las responsabilidades políticas" del caso, aunque ya no es primer ministro de Luxemburgo: no habrá dimisiones. Y ha defendido su labor al frente de su país: "No hay nada que indique que mi objetivo era organizar la evasión fiscal en Europa".
Pero nada le va a ser fácil a partir de ahora. Por un lado, con el caso queda patente la hipocresía de un líder político que con una mano reclamaba ajustes y recortes a los países del euro como presidente del Eurogrupo, y con la otra firmaba acuerdos poco transparentes con empresas que evitaban cotizar en los países donde conseguían sus beneficios y lo hacían a tipos muchos más bajos (hasta el 1%, en algunos casos) en Luxemburgo. Por otro, esa revolución depende de la buena voluntad de los Estados miembros: la Comisión Barroso ya lanzó en noviembre de 2011 una propuesta de directiva muy ambiciosa, que incluía la armonización de las bases fiscales del impuesto de sociedades (que pagan las empresas, y cuya recaudación se ha desplomado en lo que va de crisis en países como España). Hasta una decena de países la bloquearon. En asuntos fiscales, la Unión necesita aprobar los acuerdos por unanimidad, lo que deja derecho de veto a los países que han hecho de la competencia fiscal su modus vivendi: Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Austria o Chipre son los sospechosos habituales, y votan sistemáticamente en contra de avances en esa materia, o tratan de retrasarlos al máximo.
El presidente ha negado que exista “conflicto de interés” por el hecho de que la Comisión esté investigando algunos de esos acuerdos –con Amazon y Fiat—y el hecho de que él presida el brazo Ejecutivo de la UE. “Algunos de ustedes titulan 'Juncker contra Juncker', pero esta Comisión se ha comprometido a abordar estas cuestiones con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager”.
El contraataque de Juncker le llevará hasta aguas internacionales, a pesar de que Luxemburgo abandonó la lista gris de la OCDE de países que no colaboran "suficientemente" en lo relativo al envío de información fiscal en 2009. El presidente comunitario se ha comprometido a llevar al G-20 los compromisos que adopte la Unión, lo que “limitaría buena parte de las posibilidades de ingeniería fiscal por parte de las empresas”, según el presidente. En una comparecencia ante la prensa inesperada, Juncker –que fue primer ministro luxemburgués entre 1995 y 2013, durante los años que su país firmó acuerdos con 340 empresas— ha justificado las prácticas de Luxemburgo. “Los acuerdos con multinacionales se dan en 22 países: no es un problema luxemburgués, sino europeo”, ha dicho.
"La legislación luxemburguesa cumple las regulaciones nacionales e internacionales", aunque Juncker admite que esa legalidad no siempre responde “a los necesarios estándares éticos y morales”. El presidente atribuye esas prácticas a que "no hay una armonización fiscal en Europa o es insuficiente". “Lamentaría que debido a la interacción entre legislaciones nacionales e internacionales diferentes esos acuerdos hubieran permitido situaciones que llevaran a las empresas a no pagar impuestos”, ha recalcado. A pesar del condicional en esa frase, eso es exactamente lo que ha sucedido.
